Como señala AP News, Trump ya propuso en 2018 y nuevamente en 2025 firmó una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, los expertos legales coinciden en que tal acción enfrentaría importantes desafíos judiciales. La Enmienda 14, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil, fue diseñada para garantizar la plena igualdad de derechos a todas las personas nacidas en Estados Unidos, especialmente aquellos descendientes de esclavos. Modificar esta enmienda requeriría un proceso legislativo extremadamente complicado, que incluye la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación por parte de 38 estados, algo improbable en el clima político polarizado que vive el país.

Reuters también destaca que la Corte Suprema ha interpretado históricamente la Enmienda 14 como un principio claro e inamovible. En múltiples casos, los jueces han defendido la ciudadanía por nacimiento, estableciendo precedentes que dificultarían cualquier intento de cambio legislativo o ejecutivo. A pesar de esto, la retórica política en contra de este derecho continúa generando incertidumbre y temor, especialmente entre las comunidades de inmigrantes que sienten que sus derechos fundamentales están bajo amenaza.

Impacto en las comunidades hispanas

Para la comunidad hispana, el debate sobre la ciudadanía por nacimiento es más que una cuestión constitucional: es una cuestión de estabilidad, identidad y futuro. Según datos recientes, un número significativo de los niños nacidos en Estados Unidos son hijos de padres inmigrantes, muchos de los cuales no tienen un estatus migratorio regular. La ciudadanía por nacimiento no solo les otorga derechos y protecciones legales, sino que también les brinda acceso a oportunidades educativas, laborales y de salud que serían imposibles de alcanzar sin este estatus.

La posibilidad de eliminar este derecho generaría un impacto devastador en las familias hispanas. Muchas de ellas dependen de la ciudadanía de sus hijos nacidos en el país para construir una vida más estable en medio de un sistema migratorio a menudo complicado y restrictivo. Además, los cambios en esta política podrían dar lugar a un aumento en la discriminación y la exclusión, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

La lucha por proteger los derechos adquiridos

Las organizaciones de derechos civiles, abogados de inmigración y defensores de las comunidades migrantes han sido enfáticos en señalar que cualquier intento de modificar la ciudadanía por nacimiento sería una violación a los principios fundamentales de igualdad e inclusión que forman la base de la democracia estadounidense. Estas organizaciones argumentan que, lejos de resolver los problemas asociados con la inmigración, eliminar la ciudadanía automática solo crearía más divisiones y desigualdades.

Por su parte, las familias inmigrantes y sus aliados han comenzado a movilizarse para proteger este derecho esencial. Según AP News, los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, con Trump ahora en el poder, han llegado a ser un momento crucial para definir el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La participación activa de comunidades hispanas y otros grupos migrantes será clave para garantizar que sus voces sean escuchadas en este debate.

Conclusión

La ciudadanía por nacimiento no es solo un derecho constitucional; es un símbolo de lo que Estados Unidos representa como nación de inmigrantes, diversidad y oportunidades. Sin embargo, el debate en torno a este principio refleja las tensiones más amplias sobre la inmigración en el país. Para las familias hispanas, la lucha por preservar este derecho no es solo una cuestión política, sino una batalla por su dignidad, su futuro y su lugar en la sociedad estadounidense.

A medida que avancen las discusiones sobre este tema, será fundamental que las comunidades afectadas, junto con sus aliados, trabajen juntas para defender este derecho y garantizar que los valores de igualdad e inclusión sigan siendo el núcleo del sueño americano.